Los gobernadores señalaron que existen proyectos que suman 10 mil 115 millones de dólares que estarían en riesgo por el acuerdo que prioriza, de facto, el uso de combustóleo y pone en duda la veracidad de los contratos de energías renovables emitidos a la fecha.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, adelantó que se podrían perder 1,800 millones de dólares por dos proyectos de energía eólica y uno más fotovoltaico, así como la cancelación de 15 mil nuevos empleos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca enfatizó que esta decisión impacta la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, no solamente del sector energético, sino de otras industrias.
“Este tipo de acciones lastiman la confianza de inversores nacionales y extranjeros, y el brutal impacto del Covid19 nos exige como gobernantes fortalecer la confianza de quienes invierten y generan empleos en el país. “El impacto económico a nuestros estados implicaría la pérdida de empleos para los jóvenes que egresan cada año de las instituciones educativas”, agregó.
Los mandatarios estatales exigieron al Gobierno Federal que, si ha detectado irregularidades en los contratos, que investiguen y castiguen a los responsables, en lugar de cancelar proyectos de energías renovables. Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, resaltó que el acuerdo federal contraviene tratados internacionales y un acuerdo firmado febrero pasado por todos los estados con el Gobierno federal.
Daño a la salud
En su mensaje, el gobernador de Nuevo León reiteró que en la Zona Metropolitana de Monterey existe un fuerte problema de contaminación ambiental y que el amplio uso de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles impacta negativamente en la salud de las personas mucho más que la epidemia de Covid19 que afecta al país.
Los gobernantes advirtieron que tomarán acciones legales para preservar la competitividad en los precios de la energía y asegurar la salud de los ciudadanos. “Nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos por un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y tarifas eléctricas más bajas que merecen los ciudadanos a los que representamos”, indicaron.
